El material elaborado por la UIA parte de seis discursos frecuentes en torno a este tema y los contrastas con datos técnicos, económicos y operativos del sistema eléctrico. La conclusión general es clara: el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica debe medirse por el beneficio neto que deja al país, por su impacto en la salud financiera de la ANDE y por las consecuencias que puede tener sobre la seguridad del sistema eléctrico nacional. Y de no observarse, el país corre el riesgo de malgastar una ventaja comparativa excepcional.
No alcanza con comparar los precios
Uno de los principales cuestionamientos del documento apunta a la comparación entre lo que Paraguay recibe por la cesión de energía y lo que podría cobrar a grandes consumidores locales. La UIA sostiene que esa comparación es incompleta y puede llevar al error. La compensación por cesión de energía corresponde a un ingreso neto asociado a la energía en barra de Itaipú, mientras que la tarifa que paga un usuario en Paraguay debe cubrir toda la cadena del servicio: compra de energía, operación, mantenimiento, transmisión, comercialización y rentabilidad para sostener deudas e inversiones. En otras palabras, no se puede equiparar el valor de la energía en la Central con el precio de suministro a un consumidor conectado al sistema nacional.
El costo oculto de vender barato
La UIA también discute la idea de que ofrecer energía a precios reducidos a grandes consumidores sería una oportunidad sin mayores consecuencias. El punto central es que, si la tarifa se ubica por debajo del costo real del servicio o por debajo de lo que el país resigna al dejar de ceder esa energía, aparece un subsidio implícito. Incluso cuando una carga represente un porcentaje acotado de la demanda total, la diferencia entre una tarifa técnica y una tarifa promocional puede traducirse en decenas de millones de dólares al año. Para la UIA, ese dinero no es una cifra abstracta: equivale a recursos que podrían destinarse a tarifa social, nuevas subestaciones, líneas de distribución o refuerzos del sistema. La discusión no pasa sólo por cuánta energía consume una industria, sino por cuánto deja de percibir el sistema o el Estado al vender por debajo del valor que corresponde.
Inversiones privadas no significan refuerzo del sistema
Otro de los ejes del documento es el argumento de que los grandes consumidores asumirán sus propias inversiones y, por lo tanto, no generarán costos para la ANDE. La UIA matiza esa afirmación: las obras que suelen financiar estos usuarios se concentran en subestaciones propias y líneas radiales de conexión, es decir, infraestructura necesaria para conectarse, pero no necesariamente para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Una línea de conexión puede resolver el acceso de una industria, pero no sustituye los refuerzos que la ANDE necesitará si el aumento de demanda presiona la red de transmisión, reduce márgenes de seguridad o adelanta la necesidad de nuevas inversiones. Por eso, los costos sistémicos no deben quedar fuera de la tarifa ni ser absorbidos por el resto de los usuarios.
El problema no es sólo las pérdidas
¿La atención debería estar puesta en las pérdidas del sistema y no en cargas que representan una fracción menor de la demanda? La UIA no desconoce la relevancia de ese problema, pero señala que no corresponde mezclar ambos planos. Por un lado, distingue pérdidas técnicas y no técnicas, y remarca que su reducción requiere inversiones en infraestructura, tecnología y control. Por otro, plantea una pregunta de fondo: si se recuperan recursos a partir de una mejora en las pérdidas, ¿por qué esos fondos deberían destinarse a subsidiar a grandes consumidores y no a fortalecer la red en beneficio general? La objeción es política y económica a la vez. Si el sistema logra mejorar su eficiencia, esos recursos deberían traducirse en mayor robustez, expansión o alivio para la estructura general de la ANDE, no necesariamente en ventajas para un grupo específico de usuarios de alto consumo.
La tarifa técnica no es ganancia
La UIA recuerda que, conforme a la Ley 966, la tarifa debe cubrir todos los costos del servicio y permitir una rentabilidad razonable para atender deudas y sostener la expansión. Sin embargo, advierte que la denominada “tarifa técnica” cubre costos, pero no implica una ganancia neta para la empresa. Si grandes volúmenes de energía se comprometen a precios que apenas empatan el costo del suministro, la ANDE puede aumentar su facturación sin mejorar de manera significativa su situación financiera. De hecho, el material sostiene que, hasta ahora, el crecimiento de cargas electrointensivas no ha mostrado un impacto contundente en los indicadores económicos de la ANDE, pese al aumento en la recaudación. La venta masiva de energía a gran escala no debería medirse sólo por el ingreso bruto que genera, sino por el oxígeno financiero real que deja a la ANDE.
Más demanda no siempre equivale a más desarrollo
La UIA sostiene que el fuerte crecimiento de las cargas electrointensivas no mostró, al menos hasta el 2025, un efecto visible en variables macroeconómicas como para afirmar que se ha traducido en un salto de desarrollo. Un mayor consumo eléctrico no es, por sí mismo, sinónimo de industrialización, innovación o bienestar extendido. Si la mayor parte de la inversión se canaliza a equipamiento importado, si la demanda de mano de obra es limitada y si el aporte fiscal es bajo por efecto de regímenes promocionales, el beneficio agregado puede ser menor al esperado. Por eso, el uso de la energía hidroeléctrica debe evaluarse no sólo por la cantidad de megavatios vendidos, sino por el tipo de encadenamiento económico, empleo, recaudación y desarrollo que efectivamente deja en el país.
Presión sobre la reserva y la confiabilidad del sistema
La UIA sostiene que el crecimiento de consumos electrointensivos reduce el margen de reserva operativa, presiona la red de transmisión y adelanta la necesidad de incorporar nuevas fuentes de generación. En el corto plazo, esto puede traducirse en menor confiabilidad y en una operación más exigida. En el mediano y largo plazo, puede empujar al sistema a incorporar generación de mayor costo o menor seguridad relativa que la actual base hidroeléctrica. El costo de abastecer grandes bloques de demanda no se agota en entregar energía: también incluye el impacto que esas cargas provocan sobre la robustez futura del sistema. Frente a este escenario, la UIA plantea lineamientos para una política más ordenada. Entre ellos, propone fijar límites a la potencia destinada a industrias convergentes y cargas similares, con contratos más cortos y reglas claras sobre autosuficiencia para demandas adicionales. También transparentar la adjudicación mediante subastas y establecer un precio piso que incluya la tarifa técnica, la compensación por cesión de energía y una contribución especial para refuerzos del sistema.
El objetivo es claro: evitar subsidios cruzados, proteger el equilibrio financiero de la ANDE y asegurar que la energía hidroeléctrica genere un beneficio adicional y verificable para el país.
La conclusión del material de la UIA es que Paraguay no debería administrar su energía como un excedente barato que simplemente debe colocarse donde haya demanda. La energía hidroeléctrica es un recurso nacional, limitado y estratégico, y por lo tanto su aprovechamiento debe maximizar beneficios económicos, fiscales, energéticos y sociales para el conjunto del país.