Entrevista: Julio Quintana.
Una tarifa diseñada para hacer viable la inversión. El director de ATOME Paraguay sostiene que uno de los aspectos más discutidos del proyecto ha sido la tarifa de suministro eléctrico. Según explica, la referencia utilizada por ATOME no fue una cifra excepcional ni inventada, sino la tarifa vigente para grandes consumidores industriales conectados en muy alta tensión (como ya lo hacen las criptomineras), correspondiente al Pliego 21 de la ANDE, que al tipo de cambio de junio de 2025 equivalía a unos USD 28,50 por MWh. De acuerdo con el director de ATOME, la empresa planteó un precio cercano a USD 30 por MWh durante los primeros diez años de operación.
Spalding aclara que la estabilidad tarifaria no abarcaría quince años, como trascendió inicialmente, sino únicamente la primera década de operación. A partir del año once, el contrato prevé que la empresa pase al régimen tarifario que establezca la ANDE, incorporando los ajustes que correspondan conforme al marco regulatorio vigente. Bajo esa lógica, asegura que el objetivo no es obtener un subsidio, sino brindar previsibilidad financiera para concretar una inversión de largo plazo. Añade además que, considerando el costo actual de adquisición de energía proveniente de Itaipú y la expectativa de reducción tras la revisión del Anexo C, una tarifa de ese nivel para un consumidor industrial permanente no debería interpretarse como una transferencia de beneficios extraordinarios. Incluso afirma que, durante los 25 años de operación previstos, la planta generaría ingresos superiores a USD 1.000 millones para la ANDE.
Una demanda importante, pero técnicamente administrable
Otro de los puntos centrales del debate es el consumo eléctrico de la futura planta. Según Spalding, ATOME requerirá una potencia contratada cercana a 125 MW, equivalente a unos 1.080 GWh anuales. Desde la óptica de la empresa, esa demanda representa alrededor del 1,5 % de la disponibilidad energética nacional y menos del 2 % del total disponible, por lo que considera que el proyecto no comprometería estructuralmente el Sistema Interconectado Nacional. El ejecutivo agrega un dato que, a su criterio, ayuda a dimensionar el debate. Señala que si la ANDE lograra reducir en apenas 3,5 puntos porcentuales sus pérdidas técnicas y no técnicas, recuperaría aproximadamente un millón de MWh por año, volumen suficiente para abastecer el consumo anual previsto de la planta. Esa energía, afirma, hoy no genera empleo, producción industrial ni valor agregado para la economía paraguaya.
Generación solar propia
Aunque en una primera etapa el abastecimiento provendrá exclusivamente del Sistema Interconectado Nacional, Spalding revela que ATOME también analiza desarrollar proyectos complementarios de generación renovable mediante su división ATOME Power, especialmente a partir de energía solar, siempre que las condiciones técnicas y comerciales resulten viables.
Conexión en alta tensión y resguardos para el sistema
Respecto a las inquietudes sobre una eventual afectación de la calidad del servicio eléctrico, Spalding sostiene que existe una confusión entre una gran carga industrial conectada al sistema de transmisión y las redes de distribución que abastecen a usuarios residenciales y comerciales.
Explica que la planta tomará energía en 220 kV desde la subestación Buey Rodeo y que la empresa prevé invertir más de USD 12 millones en adecuaciones de infraestructura, incluyendo ampliaciones de la subestación, la línea de transmisión y las instalaciones propias de conexión. Según afirma, todas las obras deberán ser aprobadas técnicamente por la ANDE y cumplirán con los requisitos de protección, control, medición, factor de potencia y operación exigidos para este tipo de consumidores. Asimismo, destaca que el borrador del contrato de suministro incorpora condiciones específicas para preservar la estabilidad del sistema y recuerda que la ANDE conservará la facultad de limitar o incluso interrumpir el suministro si se produjera alguna perturbación que comprometiera la operación del Sistema Interconectado Nacional.
Seguridad jurídica y confianza para las inversiones
La derogación del régimen "Energía a X" constituyó otro de los momentos críticos para el proyecto. Spalding reconoce que la decisión sorprendió a los inversionistas debido a que la iniciativa ya había alcanzado una etapa avanzada de desarrollo, con contratos, ingeniería, financiamiento y proveedores definidos. Según explica, la empresa estaba próxima a iniciar obras preliminares y a emitir la orden de ejecución del contrato EPC para la construcción de la planta, por un monto cercano a USD 465 millones. A criterio del ejecutivo, la previsibilidad jurídica constituye un requisito indispensable para inversiones industriales de esta magnitud. Más allá del caso puntual de ATOME, considera que la forma en que Paraguay resuelva este proceso enviará una señal al mercado internacional respecto de la estabilidad de sus reglas para atraer capitales de largo plazo. No obstante, sostiene que la revisión del esquema puede transformarse en una oportunidad si desemboca en un marco contractual más sólido, transparente y financieramente viable para todas las partes.
Impacto económico. La compañía
ATOME estima una inversión total cercana a USD 665 millones, de los cuales unos USD 420 millones corresponderían a financiamiento de largo plazo y alrededor de USD 245 millones a aportes de accionistas e inversionistas. Spalding asegura que durante la construcción se generarían más de 4.000 empleos directos e indirectos, mientras que la etapa operativa sostendría más de 1.000 puestos vinculados a la producción, mantenimiento, logística, servicios especializados y administración. Sólo en concepto de compra de energía, la empresa calcula pagos cercanos a USD 35 millones anuales a la ANDE, cifra que, acumulada durante la vida útil del proyecto, superaría los USD 1.000 millones. El directivo sostiene además que la planta produciría unas 260.000 toneladas anuales de fertilizantes verdes, permitiendo sustituir importaciones y agregar valor a uno de los principales recursos estratégicos del país: la energía eléctrica de origen renovable.
Tecnología, conocimiento y una nueva industria
Más allá de la inversión, Spalding considera que uno de los mayores aportes del proyecto será la incorporación de capacidades industriales inexistentes actualmente en Paraguay. La planta contempla tecnologías asociadas a la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis, síntesis de amoníaco, fabricación de ácido nítrico y elaboración de fertilizantes nitrogenados verdes, procesos que demandarán la formación de técnicos, operadores, ingenieros y especialistas en seguridad industrial y mantenimiento. A ello se sumaría, la participación de empresas nacionales en obras civiles, montaje, transporte, logística y servicios técnicos, favoreciendo el desarrollo de proveedores locales y la transferencia de conocimientos hacia la industria paraguaya.
Industrializar la energía, el debate de fondo
Para Spalding, la discusión trasciende el precio de la electricidad. El verdadero desafío consiste en definir qué uso dará Paraguay a la abundante energía limpia de la que dispone. Sostiene que el país tiene la oportunidad de pasar de exportar electricidad como materia prima a transformarla localmente en fertilizantes, empleo industrial, innovación tecnológica y mayor competitividad para su sector productivo. Desde esa perspectiva, afirma que el proyecto no debe evaluarse únicamente por la tarifa eléctrica, sino por el conjunto de beneficios económicos e industriales que, según ATOME, podría generar para el país. A su entender, la llegada de inversionistas internacionales especializados en hidrógeno verde también representa una validación de Paraguay como destino para nuevas inversiones vinculadas a la transición energética y abre la posibilidad de desarrollar una nueva industria basada en el aprovechamiento de uno de sus principales activos estratégicos: la energía renovable.