Opinión

¿Nada que reclamar en Itaipú?

El día 26 de abril último, evocábamos el 46° aniversario de la firma entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil del Tratado para el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná, pertenecientes en condominio a los dos países.

En efecto, el día 26 de abril, en la página web de las oficinas paraguayas de la entidad binacional, releíamos por cuadrigesimasexta vez, ahora con la administración Mario Abdo Benítez/José Alberto Alderete del país y de las oficinas paraguayas de la entidad binacional, que mediante “esa alianza, la Itaipú binacional se convirtió en el ejemplo de cooperación solidaria entre dos naciones, que decidieron que sus límites sean la piedra angular de la central hidroeléctrica, para unir, en vez de dividir, y ser una obra récord, por la magnitud y por las características únicas que tiene”.

El material, en una suerte de género que funde el editorial con la información, no recoge un solo reclamo de los centenares que aún subsisten 46 años después en nuestro país, pero que en momentos no los sentimos, no los escuchamos, no los vemos debido a persistentes maniobras de distracción que ponen en práctica los gobiernos de turno.

Que el Tratado haya cumplido 46 años es importante, pero solo comprenderemos su peso real cuando el país se proponga enmendar los errores que cometió en el pasado; si se impone como meta evitar que esas equivocaciones se reiteren.

No obstante, con los años ya recorridos del plazo de 50 años, por cierto condicionado, que el Anexo C del Tratado de Itaipú, “bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad ...” nos impone, Paraguay debe mirar, atentamente, inclusive sin darse el lujo de un parpadeo, los cuatro años que faltan para que toque a su puerta lo que podría ser su última oportunidad: la corrección de las disposiciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, abrumadoramente favorables en los 46 años que transcurrieron a nuestros socios brasileños.

El jurista compatriota Gustavo De Gásperi, quien dedicó los últimos años de su vida al estudio del Tratado, así como de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, reiteraba la necesidad de elaborar un cuadro con los números que ayudasen conocer la reaplicación de los fondos percibidos por Brasil en su territorio desde que Itaipú comenzó a producir energía, “... según entiendo en la proporción de del 50% que debió corresponder al Paraguay, menos lo efectivamente pagado en concepto de cesión, fue de los royaltíes, que son pagados a ambas naciones por igual como parte del costo”.

Hubo intentos, estamos seguros de que algunos fueron rigurosos inclusive, pero no trascendieron las cuatro paredes de los laboratorios en los que realizaron esos experimentos, hasta en 2013, año en que el financista norteamericano, contratado por el gobierno de Federico Franco, con financiación del BID, Jeffrey Sachs, aportó los primeros números en el sentido que había propuesto De Gásperi, pero de apenas un año.

Hace unos días, en marzo de este año, otro especialista norteamericano, Miguel Carter, dio a conocer algunas inquietantes conclusiones de un estudio en el que viene trabajan do dese hace casi cinco años: Si nuestro país hubiera colocado en el mercado mayorista brasileño la cantidad que cedió al Brasil entre 1985 y 2018, hubiera recibido 48,3 mil millones de dólares, indexados a valores de 2016; pero solo recibió US$ 5,5 mil millones.

Estas conclusiones, mejor aportes, deberían incorporarse a la agenda de los que habrán de negociar en 2023 la recuperación de la energía paraguaya en Itaipú toda vez que esos negociadores y el gobierno con los elija tenga la intención real de recuperar la energía paraguaya, aprovechada desde 1985, sin remordimiento alguna por nuestros socios “en condominio y partes iguales”.