Opinión

Las ondas expansivas del Lava Jato alcanzan a Itaipú, pero…

La noticia sobre la integración de una Comisión Binacional Fiscalizadora de Itaipú, como primera y contundente impresión, es favorable e inclusive necesaria. Apuntemos empero que hubo mucha cautela en el manejo de la misma, a pesar del inusual desplazamiento, inclusive de altos funcionarios de los gobiernos paraguayo y brasileño para la primera reunión del grupo de trabajo del que saldrá finalmente el equipo especial que habrá de revisar todo lo realizado en el seno de la Entidad Binacional en sus 43 años de funcionamiento.

Creemos que el plan, si se concreta, es parte de las ondas expansivas de la bomba anticorrupción que estalló en el vecino país, caratulada por la policía federal brasileña como “Operativo Lava Jato”. No obstante, dejemos en claro, la intención o las pretensiones de mover las pesadas compuertas que protegen los registros -o la ausencia de los mismos- de la Entidad Binacional es de vieja data.

Apuntemos como antecedente inmediato el programa de Gobierno que presentó en su campaña por la Presidencia de la República del Paraguay período 2003/2008, el colorado Nicanor Duarte Frutos, específicamente el capítulo “Energía para el Desarrollo”, en el que proponía “...llevar a cabo una auditoría a profundidad sobre los ejercicios anteriores de todo lo actuado en Itaipú (1973-2003), lo que permitiría conseguir una reducción o incluso eliminación de las deudas pendientes”.

Transcurrió el período de cinco años, pero la Entidad Binacional siguió manejándose como un “tercer Estado”, aclaremos, en lo concerniente a su manejo administrativo.

En el 2008, luego del triunfo de Fernando Lugo, en cuya plataforma electoral inscribieron letras de relieve los históricos reclamos paraguayos ante Brasil en Itaipú; por ejemplo el ítem N° 5 del pliego que entregaron a Celso Amorim, entonces ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, en su primera visita al nuevo Gobierno paraguayo, decía lo siguiente: “Fiscalización a cargo de los organismos de control de los dos países de todo lo actuado en la administración de la Entidad...”.

Admitamos que la administración Lugo dio un significativo paso en el universo de las reivindicaciones paraguayas ante Brasil, por ejemplo que el “precio” de nuestro excedente subiera de US$ 3/MWh aproximadamente a un poco más de US$ 9/MWh. Sin embargo, el manto de opacidad que cubrió, cubría y aún cubre a Itaipú sigue en el mismo lugar.

El día 7 del mes de diciembre, de acuerdo a las oficinas paraguayas y brasileñas de la binacional, “en el edificio de producción de la central hidroeléctrica” un grupo de trabajo “encargado de la creación de una comisión binacional para la fiscalización conjunta de las cuentas de Itaipú, realizó su primera reunión”.

Las gacetillas agregan que la creación de esta comisión binacional de fiscalización, que debatió ese día el grupo de trabajo, es una propuesta brasileña y, en el intento por reflejar el pretendido equilibrio entre las partes en la Entidad creada por el Art. III del Tratado, añaden que el grupo de trabajo “fue una sugerencia del Gobierno paraguayo”.

Aún cuando admitamos que la “iniciativa brasileña” es plausible, absolutamente, reiteramos que todo está supeditado a la voluntad política de las Altas Partes Contratantes de Itaipú, y que el paso siguiente debe reducirse a la elaboración de un práctico programa de auditorías entre el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y la Contraloría General de la República (CGR).
Es cierto, quedan obstáculos por remover, como el Acuerdo y Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, que en el 2011 había declarado “inconstitucional”, ante el pedido, aunque parezca extraño, de los propios funcionarios paraguayos de la Entidad Binacional y de la ANDE, la atribución de la CGR y el Legislativo inclusive de pedir información a la Entidad Binacional.

La “iniciativa paraguaya” de crear un grupo de trabajo para constituir la comisión pretendida, de acuerdo con la experiencia, es una vulgar y simple maniobra dilatoria, es darle largas al asunto. El mes que fijaron “los creadores” para la próxima cita, febrero de este, abona esta presunción.

La comisión binacional fiscalizadora debe funcionar ya, sin dilaciones de ninguna laya. Las condiciones están dadas, así lo declararon en más de una ocasión voceros de la CGR y el TCU. Insistimos, la llave insoslayable sigue guardada en el ámbito político, el resto vendrá por añadidura.