El traslado del Viceministerio de Minas y Energía (VMME) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) parece una medida cosmética, y por ende, inconsecuente. La necesidad real son reformas estructurales de su arcaico modelo de mercado estatal monopólico, que desde hace 60 años rige el destino eléctrico del país. Cambiar todo para que nada cambie, Giuseppe Tommasi di Lampedusa, El Gatopardo.
Ing. Guillermo López Flores
De la caldera a leña de 30 MW en 1964 a potencia hidroeléctrica de 8.500 MW. Hoy es uno de los mayores exportadores netos de energía del mundo y es socio de dos de las mayores hidroeléctricas del planeta. ¿Y aún seguimos rigiéndonos por la misma Ley? ¿Aún sostenemos un modelo monopólico, verticalmente integrado, sin regulación independiente, sin planificación estratégica vinculante y sin reservas térmicas para mitigar una eventual crisis hídrica? Es, lisa y llanamente, absurdo.
Paraguay atraviesa una etapa crítica de transformación en su modelo de desarrollo. La energía y los recursos naturales constituyen pilares estratégicos para la competitividad económica, la seguridad nacional, la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Sin embargo, el país carece de instituciones modernas, especializadas y con capacidad real para conducir políticas públicas eficaces en estos sectores.
El gabinete del Viceministerio de Minas y Energía, como instancia dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o del MIC, carece de poder político, autonomía funcional y recursos técnicos o financieros suficientes para cumplir un rol rector efectivo en la política energética y minera del país. Sucederá lo mismo en el MIC o en cualquier otro ámbito.
Limitaciones estructurales del actual modelo
Al estar inserto dentro del MOPC -un ministerio cuya misión principal es la infraestructura vial y de obras públicas- las cuestiones energéticas y mineras no ocupan un lugar prioritario. Las decisiones estratégicas quedan sujetas a dinámicas internas del MOPC o del Poder Ejecutivo, sin espacio propio de articulación interinstitucional o internacional.
El gabinete del VMME carece de poder normativo y ejecutivo, no tiene atribuciones legales claras ni rango ministerial para proponer y ejecutar políticas públicas de largo plazo. No posee control sobre el sector eléctrico, hidrocarburos, exploración minera tal vez, planificación energética, ni sobre los entes estatales como la ANDE, ITAIPU, YACYRETA o PETROPAR.
Las debilidades actuales son la ausencia de presupuesto, de estructura propia; no cuenta con un presupuesto institucional autónomo ni con recursos humanos suficientes. Funciona más como un despacho técnico asesor. Carece de áreas técnicas, direcciones generales y presencia territorial.
La consecuencia de esta debilidad institucional es la imposibilidad de ejercer rectoría. No tiene capacidad real para implementar el Plan Energético Nacional (PEN) 2017–2050 ni ninguno de los varios planes energéticos anteriores, ni para coordinar con Hacienda, Industria, Ambiente, ANDE o Cancillería. No puede proponer legislación, regular el mercado, licitar concesiones ni fiscalizar proyectos.
Fragmentación del sector energético, con múltiples actores sin coordinación estratégica. Por falta de un ministerio de Energía como rector y coordinador del sector, las empresas estatales conforman un archipiélago con severas dificultades para desarrollar proyectos que requieren la cooperación interinstitucional; hasta compiten en política interna del Gobierno en algunas circunstancias.
Por carencia de autoridad rectora, el VMME ni ninguna otra institución tiene el mandato legal, no puede implementar el Plan Energético Nacional (PEN) 2017–2050 ni ninguna política de fomento a la inversión en energías renovables, transmisión o minería, lo que lleva a desaprovechar la privilegiada posición energética del país, impide la transición energética mediante el aprovechamiento de nuevas oportunidades como el hidrógeno, la electromovilidad o minerales estratégicos, y la integración regional.
La planificación eléctrica y la incorporación de nuevas tecnologías se encuentran fragmentadas y sujetas a decisiones políticas coyunturales.
La concentración institucional no es transparente porque la ANDE actúa simultáneamente como generador, transmisor, distribuidor y comprador monopólico, sin regulación externa ni contrapesos. No existe un ente regulador independiente que garantice transparencia, competencia y tarifas eficientes que proteja al consumidor ni a otros actores del mercado.
Marco normativo disperso y obsoleto
La Ley eléctrica vigente data de 1966. Las normativas sobre hidrocarburos, biocombustibles y eficiencia energética son dispersas, incompletas o desconectadas, por lo tanto ineficaces. La minería carece de institucionalidad específica, lo que inhibe inversiones y genera riesgo ambiental.
Paraguay necesita avanzar hacia una transición energética justa, con incorporación de fuentes renovables no convencionales, electrificación del transporte y eficiencia en el uso de energía. Esto requiere una entidad capaz de articular política energética con política ambiental, territorial y social, atraer la inversión privada en el sector, que es imperativo porque el Estado ya no está en condiciones de financiar mediante endeudamiento soberano.
Un sistema anacrónico que bloquea el desarrollo. Hoy Paraguay enfrenta desafíos radicalmente distintos a los de 1964: crecimiento urbano acelerado, digitalización de la economía, electrificación del transporte, integración con el mercado regional, presión por incorporar fuentes renovables no hidráulicas, y necesidad de atraer inversiones privadas en infraestructuras porque el Estado tiene cargas sociales crecientes y estamos cerca del límite de la capacidad de endeudamiento prudente.
La resistencia estructural a la reforma del sector energético en Paraguay, detrás del inmovilismo, no sólo hay inercia técnica, sino una lógica política profundamente arraigada, donde la energía no se gestiona como una política de Estado, sino como un instrumento de poder.