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Itaipú. ¿Qué se negociará en el 2023?

En el año 2023, conforme está previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, se discutirán las condiciones financieras y de comercialización de la energía de esta entidad binacional. En otras palabras, se discutirá, entre otros aspectos, cómo distribuir las rentas de la central hidroeléctrica que es líder mundial en generación eléctrica; y cuyo producto pertenece, en partes iguales, a Paraguay y Brasil. ¿Quiénes están involucrados en la negociación?; ¿qué se negociará?; ¿qué más se podría negociar?; y ¿cómo podríamos organizarnos para llevar adelante las negociaciones de manera exitosa? Las respuestas a estas preguntas se dan en el resultado de la investigación que realizó el Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE), de la Facultad Politécnica de la UNA, y que fue presentado por el Dr. Victorio Oxilia, Profesor Investigador del GISE y responsable del proyecto, que fue cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Mundo de la Electricidad comparte con sus amables lectores un resumen del referido trabajo de investigación, que además contiene propuestas para un mejor aprovechamiento de la energía generada por Itaipú.

Dr. Victorio Oxilia.

¿Quiénes están relacionados con la negociación?
La idea de que solamente los gobiernos de los países estarán sentados negociando en el año 2023 es una visión incompleta y muy simplificada de la realidad.

La composición de los actores y los grupos de interés relacionados con la negociación se podría asemejar a un “iceberg”. Los representantes oficiales de Paraguay y Brasil, sentados en la mesa de negociación, representarían solamente la parte emergente del témpano, que es una parte ínfima del bloque de hielo. Pero la parte no aparente, la porción sumergida del iceberg, es mucho mayor. Son varios los segmentos de la sociedad e instituciones con intereses en los resultados de la negociación: el sector privado (empresas contratadas por la Itaipú y grupos de personas remuneradas por la entidad), las empresas socias (ANDE & ELETROBRAS), los beneficiarios de las participaciones gubernamentales (gobiernos departamentales y municipales, administración y fondos especiales, en el caso de nuestro país) y la sociedad en general. Los intereses de los diversos sectores son diferentes y pueden contraponerse y generar conflictos internos, dentro del mismo país. Por ello, es fundamental arribar a acuerdos a nivel nacional. Llevar a la mesa de negociaciones una agenda acordada previamente a nivel nacional, con el liderazgo del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, conforme se desarrolla más adelante.

¿Qué se negociará?
Uno de los puntos importantes que se colocará sobre la mesa de negociación es cómo estará compuesto el Costo Unitario del Servicio de Electricidad (CUSE) de Itaipú desde el 2023. Es decir, cuáles son los componentes de la tarifa de Itaipú y cuál es la distribución de los ingresos de la entidad binacional.
En la actualidad, la mayor parte de los ingresos de Itaipú por el pago de su tarifa se destina al pago de la deuda y de sus intereses (pagos al Tesoro Brasileño y a ELETROBRAS). Los demás componentes se dividen en: a) gastos de explotación (contratos a empresas y honorarios de profesionales); b) royalties (destinados a los gobiernos); y c) parte que corresponde a las empresas socias, ANDE & ELETROBRAS.
Se debe aclarar que la compensación que el gobierno nacional recibe por la cesión de energía paraguaya a Brasil es un monto adicional a la tarifa de Itaipú.
En el 2023 esta estructura del CUSE, la formación de la tarifa es la que se va a negociar. ¿Cuántos deben ser los gastos de explotación? ¿Cuánto deben recibir los gobiernos? ¿Cuánto deben recibir las empresas socias de la entidad binacional?
En primer lugar, los hallazgos de la investigación indican que es relevante EXPLICITAR los gastos de explotación de la entidad binacional: gastos de operación y mantenimiento, lo que corresponde a la actualización tecnológica, a la preservación de las condiciones óptimas del embalse, a los programas de responsabilidad social que son propios de la entidad binacional.
Cabe recordar que, como en el 2023 el saldo de la deuda será cero (se ha anunciado que ello se producirá inclusive antes de ese año), y en el caso de que los gobiernos decidan mantener el nivel actual de la tarifa, quedarán disponibles alrededor de 2000 millones de U$S por año para ambos países (1000 millones U$S adicionales para Paraguay). Se propone que este monto sea destinado a los gobiernos nacionales, las Altas Partes del Tratado de Itaipú para incrementar los valores de los royalties, que podrían estar distribuidos, entonces, en dos partes:
Royalties I: Este elemento hace referencia a los royalties que actualmente se aplican, debidamente reajustados, y que en el caso de Paraguay van destinados a la Administración Central, a las Gobernaciones, Municipalidades y los fondos de desarrollo, según la legislación vigente; y
Royalties II: aquí se inserta un nuevo elemento el cual puede ser destinado, en el caso de Paraguay para: la creación del Banco Nacional de Infraestructura para el Desarrollo Económico y Social (BNIDES), previsto en la Política Energética (Decreto 6092/2016).

Este Banco de Desarrollo podría financiar a una tasa de interés baja las obras de infraestructura, programas de educación, salud, vivienda, desarrollo tecnológico, inclusión social y proyectos de generación de energía eléctrica que están en carpeta. Además, estos 3 proyectos podrían beneficiar la integración eléctrica regional y consolidar al Paraguay como eje de esa integración.
Estos recursos adicionales deben ser aprovechados para impulsar el desarrollo nacional.

¿Qué más se podría negociar?
En el proceso de recolección y análisis de la información del proyecto surgieron recomendaciones que deberían ser consideradas, que podrían quebrar las restricciones de comercialización de energía entre los países de los emprendimientos binacionales, sea con exclusividad o preferencia. Propuestas que aplicarían un concepto de soberanía energética compartida en la región en un mercado eléctrico integrado; en el que los países de la región se beneficiarían con el acceso a energía segura y limpia de grandes centrales hidroeléctricas en tramos internacionales de los ríos Paraná y Uruguay. Esta negociación ciertamente va más allá de lo que se prevé en el 2023. Se trata de otro nivel de negociaciones, con una agenda ampliada, más avanzada de Integración Energética Regional, con más actores sentados en la mesa: Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Se propone:
1) La creación del Mercado Eléctrico del Cono Sur (MECS) con la participación inicial de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (se puede extender a Bolivia y Chile). Este mercado integrado está previsto en la Política Energética Nacional 2040. Para ello se requiere principalmente de un marco regulatorio de funcionamiento del mercado regional, del aprovechamiento y fortalecimiento de las redes de interconexión (En Foz de Yguazú se encuentra el principal “puente de interconexión eléctrica” entre sistemas eléctricos de 50 y 60 Hz), de planificación y operación de sistemas eléctricos coordinados y de una administradora del mercado.

2) La creación de la Corporación Energética del Sur (CENESUR), idea que venimos desarrollando con investigadores de la Universidad de Sao Paulo. Se trata de una corporación integrada por las entidades hidroeléctricas binacionales ya existentes en la región (Itaipú, Yacyretá y Salto Grande). El Paraguay está llamado a ser líder de esa Corporación por su participación en dos de las tres centrales binacionales; y las dos con mayor capacidad instalada y generación eléctrica.
Los ingresos de CENESUR podrían representar alrededor de 6000 millones U$S anuales. La Corporación podría financiar las demás centrales binacionales previstas en el complejo hidroeléctrico del río Paraná (tramo Argentina-Paraguay) y en el complejo hidroeléctrico del río Uruguay (tramo Argentina-Brasil) y el fortalecimiento de la interconexión eléctrica entre los países de la región.

¿Cómo organizarnos para llevar adelante las negociaciones?
Los siguientes aspectos son esenciales:
Acuerdo político: Decisión sobre la agenda de negociación en el ámbito político. En este ámbito, que debe ser liderado por el Poder Ejecutivo, se trazan las políticas para la negociación (con los objetivos y metas a cumplir en la negociación). Se debe instruir de manera clara los objetivos y metas al equipo negociador.
El ámbito político debe tener acceso a información relevante y oportuna sobre el avance de la implementación de estrategias de negociación; e intervenir en la resolución de temas críticos y conflictivos entre las partes negociadoras. Para el funcionamiento de este nivel de decisión es necesario que el Poder Ejecutivo lidere un acuerdo político con los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional.
Acuerdo social: Participación de la sociedad en la construcción de la agenda de negociación. Los diferentes sectores de la sociedad deben aportar de manera participativa en la construcción de la agenda. La participación social debería ser un proceso liderado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Los diversos sectores de la sociedad paraguaya deben percibir transparencia en las negociaciones y, al mismo tiempo, sentirse partícipes del proceso.
Negociación estratégica: Equipo negociador apoyado por un equipo multidisciplinario de especialistas. El equipo a cargo de las negociaciones debe ser multidisciplinario y multisectorial, con capacidad de liderazgo y capacitado en estrategias. Debe planificar estrategias y formas de implementarlas.
Para ello, se recomienda que cuente con la colaboración de:
1) Un “thin tank” de especialistas que implementen métodos de base técnico-científica multisectorial (propuesta y evaluación de elaboración de prospectivas y análisis sistémicos, entre otros); y
2) Un observatorio de política regional, que analice la coyuntura política en los países, buscando el aprovechamiento de situaciones favorables para la integración energética.